VIDEO | Liberan a hijo de la Vicepresidenta pero será investigado por tráfico de influencia
Después de 27 días de espera, Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, finalmente salió de la prisión de máxima seguridad La Roca. Barreiro había pagado una fianza de USD 20,000 relacionada con su presunta participación en el caso Nene, que involucra acusaciones de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República del Ecuador.
Aunque Barreiro enfrentará medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante la autoridad judicial todos los miércoles, su liberación marca un hito en el proceso judicial en curso. Su abogado, Oswaldo Trujillo, destacó que este paso refuerza la confianza en el sistema judicial ecuatoriano y muestra que la perseverancia puede dar frutos.
🇪🇨 | En el denominado Caso Nene, Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de Ecuador Verónica Abad, fue detenido este jueves 21 de marzo, en el marco de una investigación por oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. pic.twitter.com/A4vQekdI8b
— Portal News 🌎 (@inforportalnews) March 21, 2024
El caso de Barreiro aumentó la tensión política en Ecuador, especialmente entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Abad. La detención de Barreiro y su traslado a una prisión de máxima seguridad fueron considerados por Abad como medidas desproporcionadas con un fin político, destinadas a presionarla para que renuncie.
Esta tensión entre Noboa y Abad no es nueva. Desde la ruptura política entre ambos en noviembre de 2023, las discrepancias han sido evidentes. Abad ha expresado su desacuerdo con la alianza del oficialismo con el correísmo en el Legislativo y ha denunciado ser víctima de violencia política y psicológica.
El arresto de Barreiro también ha suscitado interrogantes sobre la posible intromisión del Ejecutivo en la justicia, especialmente después de que el Ministerio del Interior emitiera un comunicado sobre el caso, asegurando el compromiso del gobierno con la prevención y erradicación del delito. Algunos actores políticos han cuestionado esta declaración, planteando preocupaciones sobre la independencia del poder judicial.