En la diligencia intervino la fiscal Ruth Amoroso, quien presentó un sinnúmero de indicios sobre el direccionamiento ilegal en la adjudicación de contratos, a cambio del pago de sobornos de contratistas privados; así́ como el cobro de dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas como testaferros para ocultar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos.

Este viernes, la jueza Rosario Freire dio paso a la formulación de cargos y oficializó la detención preventiva contra Pablo Velásquez, Santiago Sinchiguano, Gilmar Sinchiguano, Pablo Albán, José Naranjo, César Coronel, Jorge Hernández y Carlos Villacís.

Además, concedió medidas alternativas al prefecto Guamán y Margoth Toaquiza. Así se inició la fase de instrucción fiscal. Guamán deberá usar grillete electrónico, no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial competente, mientras dure el proceso.

Según informó Codigo Vidrio, El abogado del Prefecto, Carlos Poveda, informó ayer que tras las detenciones se estaban tomando las versiones de los implicados y que luego se definirá si se los llama o no a juicio.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se pronunció sobre la detención para investigaciones de Guamán. “Ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción, en los espacios de la administración pública, privado o cualquier ámbito, que afecta a millones de ecuatorianos”, indica el pronunciamiento.

En el documento se mencionan presuntos casos de corrupción de los cuales el movimiento indígena ha exigido respuestas de los órganos estatales y a la administración de justicia. Se hace referencia al exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, Juan José Pons, cuyo domicilio fue allanado en el operativo Danubio, que investiga una red que ofertaba cargos en el sector público. También los casos Pandora Papers, Ina Papers, entre otros.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción en la Prefectura empezaron desde hace más de un año y medio, y no está orientada a afectar a ningún funcionario en particular sino a judicializar actividades delictivas.

Los delitos de la organización

Fuentes cercanas a la investigación informaron que la organización venía operando en el Gad de Cotopaxi desde 2014 y también estaría conectada con presuntas acciones ilícitas en la Alcaldía de Latacunga.

La Fiscalía estima que se habrían cometido otros supuestos delitos de concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y tráfico de influencias.

En un documento incautado en uno de los allanamientos realizados este jueves, se detallan algunos de los aportes que Guamán hizo al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y a la Conaie, liderada por Leonidas Iza.

En ese documento se detalla que en el 2020, Guamán hizo depósitos a la cuenta de la Cooperativa El Sagrario, a nombre del MICC por 7.669 dólares. Para la movilización de octubre del 2021 entregó 4.000 dólares, mientras que en lo que va de este año entregó 2.000 dólares para organización del Congreso del MICC. Además, consta un aporte del 10 por ciento de su sueldo, hasta este mes, por 2.100 dólares.

Guamán, de 57 años, es uno de los dirigentes más importantes del movimiento indígena, conocido por su cercanía al líder de la Conaie, Leonidas Iza. Empezó su carrera política en la década del 90. Ha sido diputado por la provincia de Cotopaxi, presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas del Congreso, segundo vicepresidente del Legislativo y coordinador nacional del Movimiento Pachakutik.

En los paros realizados en octubre de 2019 y junio pasado tuvo un papel importante como principal autoridad política de Cotopaxi, que fue un punto neurálgico de las movilizaciones.