El principal sospechoso es el esposo de Bernal, Germán Cáceres, un ex policía que huyó hacia Colombia.

A Otavalo le consultaron sobre la carta del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, acerca del informe de la Función Legislativa que estableció responsabilidades políticas del Ejecutivo en el caso Bernal.

Jiménez cuestionó que se responsabilice políticamente al presidente Guillermo Lasso, y otros funcionarios, por el femicidio de la abogada.

“Es responsabilidad del presidente (de la República) por Dios, quien más nos representa en este país (...) es Guillermo Lasso y él tendrá que dar la cara ante los Derechos Humanos sobre el asesinato de mi hija que fue en la Escuela Superior de Policía...”, dijo Otavalo, quien -agregó- que no tiene miedo y que continuará en su lucha.

Ese informe irá a las instancias que tengan que llegar, internacionales, indicó.

Miroslava Cando, quien también intervino en la rueda de prensa, comentó que su hija María José falleció en circunstancias no esclarecidas. Era subteniente de inteligencia militar. Aseguró que era víctima de violencia sistemática institucional.

Hizo un llamado para que la ciudadanía participe de la movilización, en la cual se va exigir que no haya violencia ni la vulneración de los derechos de las personas.

Criticó al Municipio de Quito, entidad que hará ese día una actividad por las fiestas de la capital.

Ruth Montenegro, de Justica para Valentina, expresó que su niña de 11 años, el 23 de junio del año 2016 fue reportada como desaparecida y hallada muerta, al día siguiente, en una entidad educativa.

Afirmó que hay una constante cuando se habla de violencia femicida y es el inaccionar de las entidades estatales.

Montenegro agregó que las investigaciones deben ser con claridad, celeridad no revictimizante, pero la realidad es diferente.

Según organizaciones sociales durante 2022, entre enero y el 15 de noviembre, hay 272 muertes violentas de mujeres por razones de género.