Espinel, radicada en España, afirma que su hijo fue secuestrado el pasado 5 de abril por un contingente policial por orden del presidente ecuatoriano, mientras se encontraba en la legación diplomática mexicana en Quito. Alega que Glas fue sometido a torturas que resultaron en el dislocamiento de sus dedos pulgares y amenazas de muerte.

La denuncia también menciona un periodo de desaparición forzada entre el 5 y el 10 de abril, durante el cual Glas estuvo incomunicado y hospitalizado después de intentar quitarse la vida mientras estaba bajo custodia del Estado ecuatoriano.

El recurso de ‘habeas corpus’ presentado por la defensa de Glas reveló que Noboa admitió haber ordenado el asalto a la Embajada de México, respaldado por otros funcionarios de su gobierno.

Los abogados de Espinel argumentan que, aunque los jefes de Estado tienen inmunidad relativa ante la justicia, Noboa abrió la puerta a investigaciones al declarar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, lo que justificó un estado de excepción ratificado por la Corte Constitucional.

Miguel Olmedo, uno de los representantes legales, sostiene que los delitos denunciados están incluidos en el Convenio de Ginebra, que protege a civiles en tiempos de guerra, lo que permite la investigación penal de los jefes de Estado. Además, señala que el Código Penal Federal de México otorga competencia a la FGR para investigar delitos en embajadas.

La ilegalidad de la detención de Glas fue establecida por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en abril pasado, ya que el allanamiento de la sede diplomática se realizó sin una orden judicial. Esta denuncia pone de relieve las tensiones políticas y legales en Ecuador y México en torno a este caso.