El impacto ya es visible en la dinámica fronteriza. Según datos relevados por actores del sector, el flujo de transporte de mercancías se desplomó drásticamente, pasando de cientos de camiones diarios a cifras mínimas, lo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y amenaza con paralizar economías locales altamente dependientes del intercambio bilateral.

A esto se suma un efecto directo sobre los precios y la disponibilidad de productos. La suba de aranceles encarece bienes importados y complica las cadenas de abastecimiento, afectando tanto a consumidores como a empresas. En paralelo, referentes empresariales advierten que la caída del comercio formal podría fomentar el contrabando y otras actividades ilegales en una zona ya atravesada por problemas de seguridad.

Las críticas también apuntan a la falta de una estrategia integral por parte del gobierno. Si bien Noboa argumenta que las medidas buscan proteger la economía y enfrentar el narcotráfico, especialistas sostienen que la política adoptada no solo no resuelve estos problemas de fondo, sino que añade nuevos focos de conflicto económico y diplomático. La suspensión de exportaciones energéticas y el deterioro de las relaciones bilaterales son señales de una crisis que trasciende lo comercial.

En este contexto, la gestión de Noboa queda bajo presión por el costo económico y social de sus decisiones. La combinación de tensiones internacionales, caída del comercio y efectos sobre la vida cotidiana en la frontera plantea interrogantes sobre la efectividad de una estrategia que, lejos de estabilizar la situación, parece profundizar la incertidumbre en uno de los puntos más sensibles de la región.