Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a evidenciarse retrasos en áreas clave. La vivienda aparece como uno de los principales puntos pendientes, con familias que aún no accedieron a soluciones definitivas. En localidades como Pedernales y Muisne, los procesos de reasentamiento quedaron incompletos.

También persisten problemas en saneamiento y acceso al agua, con sectores que todavía dependen de provisión externa. En educación, algunas escuelas continúan funcionando en condiciones provisorias, mientras que en salud no se alcanzaron los niveles de atención previstos inicialmente.

El proceso también estuvo atravesado por cuestionamientos en la gestión de los recursos. Investigaciones judiciales derivaron en causas por irregularidades, entre ellas el denominado “Caso Reconstrucción”, que concluyó con una condena por peculado y una reparación económica de 225 millones de dólares para el Estado.

En ese contexto, el nombre del exvicepresidente Jorge Glas quedó asociado al período, ya que tuvo un rol central en la conducción del proceso. Su posterior condena en el caso Odebrecht, aunque no vinculada directamente al terremoto, influyó en la percepción pública sobre la administración de fondos.

A nivel económico, la reactivación posterior al sismo no logró sostenerse en el tiempo. Regiones como Manabí registraron una pérdida de dinamismo, lo que reforzó la sensación de una recuperación parcial.

A diez años del 16A, el escenario combina infraestructura reconstruida con obras inconclusas y procesos que no se cerraron. Las comunidades afectadas continúan con reclamos por las obras pendientes y por el destino de los recursos asignados durante la emergencia.