Entre los territorios alcanzados se encuentra la provincia de Pichincha, donde está ubicada la capital, Quito, además de otras regiones que ya habían sido incluidas en medidas similares durante marzo, como Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

A estas se suman Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas últimas con fuerte impacto por su cercanía a la frontera con Colombia. También se verán afectados los municipios de La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

El gobierno justificó la decisión como parte de un operativo más amplio para combatir el delito y recuperar el control en áreas donde la violencia creció de forma sostenida en los últimos meses.

La medida se enmarca en una política de seguridad que ya incluyó estados de excepción y despliegues militares en distintos puntos del país.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo ecuatoriano profundiza su línea dura frente al crimen, en un contexto donde la inseguridad se convirtió en uno de los principales problemas estructurales del país.