El anuncio se realizó el 21 de enero, durante el Foro de Davos, cuando Noboa informó que desde el 1 de febrero se impondría el arancel a las importaciones colombianas. A esto sumó críticas al Gobierno de Gustavo Petro por el control del narcotráfico y su impacto en la seguridad ecuatoriana.

La respuesta colombiana no tardó. Bogotá aplicó un arancel similar a unos 50 productos ecuatorianos, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites, azúcar, llantas, calzado, tubos de aluminio, bombonas, botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

El impacto comenzó a sentirse en la frontera. El sábado previo a la entrada en vigencia de las tarifas, la fila de camiones en el paso de Rumichaca alcanzó los 600 metros, en un intento por cruzar antes del cambio normativo.

Los gremios exportadores de ambos países alertan que la escalada afectará a las dos economías y trasladará costos a los consumidores. Calculan para Ecuador pérdidas anuales cercanas a los 273 millones de dólares.

A la tensión comercial se suma el factor energético. En 2024, durante la crisis eléctrica, Ecuador importó electricidad desde Colombia por 334 millones de dólares. Sin embargo, junto con los aranceles, el Gobierno colombiano suspendió el envío de energía desde el 22 de enero.

Como respuesta, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa para transportar crudo de Ecopetrol por sus oleoductos, encareciendo una operación que movía unos 10.000 barriles diarios.