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Se agrava el conflicto comercial

VIDEO | Más tasas y tensión: Petro redobla la apuesta y pospone acuerdo con el presidente Noboa

La negativa del mandatario colombiano a asumir fallas de cooperación frena una salida al conflicto por la tasa del 30 por ciento y golpea a Ecuador.

Las cancillerías de Ecuador y Colombia aún no confirman la fecha de la reunión bilateral destinada a destrabar el conflicto político abierto tras la decisión de Quito de aplicar una “tasa de seguridad” del 30 por ciento a las importaciones colombianas.

El presidente Daniel Noboa explicó que la medida responde a la escasa cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común, una acusación que Gustavo Petro rechazó de plano, sin admitir responsabilidades ni proponer acciones inmediatas.

Bogotá formalizó su reclamo mediante una nota diplomática enviada el 21 de enero de 2026, en la que solicitó una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores, Comercio, Energía y Seguridad para el domingo 25. Ecuador aceptó el encuentro, pero pidió cambiar la fecha por compromisos oficiales previamente agendados.

La canciller Gabriela Sommerfeld indicó que la cita debería realizarse la semana siguiente, aunque sin precisar día. Ese margen complica a Petro, ya que el 3 de febrero será recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La prioridad del Gobierno colombiano está puesta en ese encuentro. La canciller Rosa Villavicencio mantuvo el 23 de enero una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar lazos comerciales, cooperación regional y narcotráfico.

Medios colombianos señalan que Noboa y Petro podrían coincidir finalmente en el Foro Económico del Banco de Desarrollo de América Latina, que se realizará en Panamá el 28 y 29 de enero de 2026, con asistencia confirmada de varios mandatarios regionales.

En X, Petro escribió: “Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”.

Desde Quito reiteran que la exigencia central es mayor cooperación efectiva por parte de Colombia y que la medida adoptada es de carácter político, no económico.

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