Según el reporte emitido a las 04:00, entre los detenidos se cuentan 110 adultos y 11 menores de edad. En cuanto al género, 111 son hombres y 10 mujeres. La mayoría de los aprehendidos son ecuatorianos (111), junto con cinco venezolanos, tres colombianos, un argentino y un español. Estos dos últimos fueron deportados.

El documento policial precisa además que 43 personas recuperaron la libertad —37 mayores y seis menores—, mientras que 49 fueron sometidas a medidas sustitutivas.

Otras 24 permanecen bajo prisión preventiva, dos están pendientes de audiencia y una tiene una boleta judicial vigente. No se detallaron los cargos en cada caso, aunque en comunicados previos se mencionaron delitos de obstrucción de vías, ataque o resistencia y daños a bienes públicos.

Una jornada de alta tensión

El 12 de octubre se vivió una de las movilizaciones más intensas desde el inicio del paro. Miles de manifestantes recorrieron las calles del centro de Quito durante unas siete horas. La Policía y las Fuerzas Armadas recurrieron a gases lacrimógenos y cercos metálicos para contener el avance.

Mientras el Gobierno calificó estas medidas como acciones de control frente a actos violentos y bloqueos, organizaciones sociales denunciaron un uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Brigadas de derechos humanos señalaron que algunas personas fueron retenidas solo por portar carteles alusivos a la protesta. Además, al menos seis periodistas resultaron agredidos por efectivos de seguridad, pese a estar debidamente acreditados.

Movilización en las provincias

Las manifestaciones también se extendieron a Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, con cortes de rutas y enfrentamientos intermitentes. En Imbabura, la Panamericana estuvo bloqueada varias horas, mientras que en Pichincha los disturbios alcanzaron zonas del sur de Quito como Villa Flora y Chimbacalle.

El trasfondo del conflicto

La decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, vigente desde inicios de octubre, detonó estas protestas que ya llevan más de tres semanas. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, medida que el Ejecutivo justifica como necesaria para reducir el déficit fiscal.

La Conaie, junto a gremios de transportistas, sostiene que la medida agrava la crisis económica y encarece los alimentos básicos. Su presidente, Leonidas Iza, acusa al Gobierno de criminalizar la protesta y reafirma que la movilización es “por la vida y contra el hambre”.

Por su parte, Noboa defendió la actuación de las fuerzas del orden y advirtió que no se tolerarán actos de violencia ni bloqueos. El Ministerio del Interior mantiene desplegados a más de 8.000 policías en todo el país, mientras que las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad en las zonas más conflictivas. En Quito, varias calles del casco histórico permanecieron cerradas y se reforzó la custodia de los edificios públicos.