El informe también señala la consolidación de estructuras criminales locales que operan en articulación con organizaciones transnacionales, ampliando su accionar hacia delitos como el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión, el contrabando y el lavado de activos. Esta diversificación fortaleció el poder económico y territorial de las mafias.

Otro de los puntos críticos es la baja resiliencia institucional frente al crimen organizado. El reporte remarca debilidades en la prevención, la persecución penal y la capacidad de las instituciones para contener la infiltración de estas redes en distintos ámbitos del Estado.

El resultado es un escenario marcado por altos niveles de violencia, disputas entre bandas y una creciente presión sobre el sistema de seguridad y justicia. El salto en el ranking global no sólo representa un dato estadístico: expone una crisis estructural que coloca a Ecuador en una posición alarmante dentro del mapa mundial del crimen organizado.