Durante el primer año de su administración, Noboa ha promovido medidas de austeridad y ajustes fiscales que, lejos de beneficiar a la población, han generado un retroceso significativo en el empleo. Según datos oficiales, Ecuador perdió más de 100.000 empleos plenos en un año, una cifra alarmante que evidencia el impacto de las políticas neoliberales que priorizan el pago de la deuda sobre el bienestar de los ciudadanos.

Además, mientras el Gobierno destaca cifras como el aumento de las reservas internacionales y el crecimiento de las exportaciones, la realidad en las calles cuenta otra historia. La desigualdad sigue en aumento, y los sectores más vulnerables enfrentan el peso de los ajustes. Los ingresos petroleros y el auge del consumo interno no se traducen en mejoras tangibles para las familias ecuatorianas, quienes padecen los efectos de un sistema diseñado para beneficiar a las élites económicas y mantener la subordinación del país al capital extranjero.

La historia de Ecuador con el FMI es larga y polémica, y el programa número 23 no es la excepción. Los compromisos asumidos por Noboa comprometen no solo a su administración, sino al país entero, ya que los 2.500 millones de dólares restantes están condicionados a la continuidad del gobierno o a la renegociación por parte de un nuevo mandatario. Esto convierte al acuerdo en un instrumento de chantaje económico que limita la soberanía del país y encierra a futuras gestiones en el mismo ciclo de dependencia y austeridad.

Los logros que Noboa presume, como el crecimiento de las ventas locales o el aumento de los depósitos en la banca privada, son irrelevantes para una población que sufre desempleo, precarización laboral y la falta de acceso a servicios básicos. Los sectores de oposición tienen razón al señalar que los acuerdos con el FMI suelen golpear con más fuerza a los más vulnerables, y el caso actual no es diferente.

Lejos de consolidar la "reactivación económica", la administración de Noboa se ha limitado a seguir un guion dictado por intereses externos, mientras Ecuador enfrenta un futuro incierto. La celebración de desembolsos millonarios oculta el verdadero costo de estas políticas: un país más endeudado, más desigual y más dependiente que nunca.