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Estado de excepción

VIDEO | Lo que faltaba: Noboa encomendó a las Fuerzas Armadas el control constante sobre armas de fuego

El presidente, Daniel Noboa. (Dibujo: NOVA)

El presidente Daniel Noboa, ha emitido una orden ejecutiva que encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de realizar un control constante sobre armas, municiones, explosivos y accesorios en las vías y corredores designados para el acceso a los centros penitenciarios del país. Esta medida, establecida en el Decreto 278 firmado el 23 de mayo, se fundamenta en el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano a través de la Consulta Popular 2024, donde se aprobó la participación militar en estos controles.

La disposición surge en un contexto marcado por la declaración de estado de excepción por parte del presidente Noboa, debido a la situación de conflicto armado interno en varias provincias ecuatorianas. Este estado de excepción, vigente por 60 días, abarca zonas específicas con altos índices de violencia, incluyendo provincias como Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos, así como el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.

El decreto establece que en estas áreas, donde se han registrado la mayoría de las muertes violentas y los delitos más atroces, se suspenderá temporalmente la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Un informe de las Fuerzas Armadas, citado en el decreto, destaca las complejidades del accionar de grupos armados organizados, quienes emplean avanzada tecnología y cuentan con redes de apoyo interno, lo que dificulta las labores de control y seguridad por parte de las autoridades.

Sin embargo, la declaración de conflicto armado interno ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW). En una carta dirigida al presidente Noboa, HRW cuestionó la legitimidad de esta declaración y denunció presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Según HRW, la existencia de un conflicto armado interno debe ser evaluada objetivamente según los criterios establecidos en el derecho internacional, y no simplemente mediante una declaración gubernamental.

La organización ha documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos en prisión desde la declaración del conflicto armado interno, evidenciando una preocupante situación en materia de derechos humanos en Ecuador. Estos hallazgos plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas y la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la población.

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