VIDEO | La megacárcel de Noboa contamina ríos, destruye bosques y militariza comunidades
El megaproyecto carcelario impulsado por el presidente Daniel Noboa en la provincia de Santa Elena empieza a mostrar su verdadero costo: daño ambiental irreversible, comunidades sitiadas por fuerzas armadas y derechos básicos vulnerados en nombre de una política de “mano dura” que avanza sin controles.
La prisión conocida como Encuentro, presentada por el Gobierno como un símbolo de la lucha contra el crimen organizado, fue construida sobre tierras comunitarias históricas, al pie de la cordillera Chongón-Colonche. Allí, donde antes había bosques de ceibos y biodiversidad protegida por generaciones, hoy se levantan pabellones, muros de piedra, torres de vigilancia y cercos militares.
La Cárcel del Encuentro, una obra tangible que marca un antes y un después en el sistema penitenciario del país. Una muestra de que #ElNuevoEcuadorCumple con los ecuatorianos trabajando por fortalecer la seguridad. pic.twitter.com/89BQJsttuB
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) November 10, 2025
Comuneros de la zona de Don Lucas denuncian que, desde la puesta en marcha de la cárcel, el río que atraviesa la comuna quedó contaminado por aguas residuales. El cambio fue abrupto. El agua que durante décadas fue utilizada para bañarse, lavar ropa y abastecerse, ahora corre oscura, con olor nauseabundo y restos cloacales. “Eso era negro, apestaba”, relatan vecinos que aseguran haber visto heces flotando en el cauce.
La situación se agrava porque en la zona no existe red de agua potable ni sistema de alcantarillado. El río era la única fuente para unas 20.000 personas del sector de Chanduy. Hoy, el contacto con el agua genera irritación en la piel y nadie puede usarla. “Antes era clarita, ahora pica en el cuerpo”, lamentan los habitantes más antiguos.
El impacto ambiental no fue un daño colateral: para construir la cárcel se talaron al menos 16 hectáreas de bosque y se aplanó un cerro completo. Pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos y ambientales, el Gobierno avanzó sin estudios transparentes ni planes claros para el tratamiento de residuos. Desde el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil denuncian que las aguas servidas del penal fueron desviadas directamente a quebradas naturales.
Pero el daño no es solo ecológico. Desde que comenzaron los traslados de presos, el territorio quedó bajo control militar. Tanquetas recorren caminos rurales, patrullas detienen a comuneros, revisan cuerpos, exigen documentos y restringen la circulación por senderos que históricamente conectaron a las comunidades. Incluso periodistas y defensores de derechos humanos fueron interceptados y obligados a entregar material audiovisual.
El propio Noboa admitió que la cárcel comenzó a operar sin estar terminada, en plena campaña por su consulta política. Aun así, utilizó el traslado de presos como puesta en escena en redes sociales, publicando imágenes y mensajes irónicos, mientras en el territorio real se rompía el equilibrio social y ambiental.
Hoy, donde antes había un río limpio y comunidades tranquilas, hay contaminación, miedo y soldados armados. La megacárcel que el Gobierno presenta como solución a la violencia terminó generando otro tipo de violencia: contra la naturaleza, contra las poblaciones rurales y contra derechos básicos como el libre tránsito y el acceso al agua.
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