El proyecto fue cuestionado debido a su impacto ambiental y social, así como a las conexiones políticas de sus promotores. La empresa obtuvo el registro ambiental del Ministerio de Ambiente, liderado por una ministra cuestionada por su falta de experiencia y por la forma en que se concedió el permiso, apenas dos semanas después de que el presidente Daniel Noboa asumiera el cargo.

Los estudios de factibilidad, realizados por una empresa vinculada al gobierno, sugieren que el relleno del estero beneficiaría a la familia presidencial al recuperar terrenos perdidos por la erosión del manglar. Sin embargo, esto pondría en peligro la supervivencia de la comunidad de Oloncito, que depende del turismo y del ecosistema costero para su subsistencia.

A pesar de las críticas y las protestas de los comuneros, el presidente Noboa ha defendido el proyecto y ha acusado a sus opositores de intentar desacreditarlo políticamente. Mientras tanto, la comunidad de Oloncito sigue en vigilia, con la incertidumbre sobre el futuro de su hogar y su medio ambiente en manos de la empresa de la primera dama, cuya popularidad en redes sociales contrasta con su falta de responsabilidades gubernamentales.