“¡Fueron detenciones arbitrarias!”, denunció públicamente el abogado Walter Parra en una asamblea improvisada frente a la Fiscalía, rodeado de pancartas y banderas que cuestionaban la política represiva del gobierno. Uno de los afectados relató haber sido gaseado directamente en la boca al momento de brindar su número de identificación.

Las protestas, que ya llevan tres días consecutivos en todo el país, se enmarcan en la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que disparó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón y que golpea de lleno a los sectores populares.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal organización social del país, encabeza las movilizaciones y denuncia que se pretende precarizar aún más la economía nacional bajo exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Los manifestantes bloquearon el tránsito durante más de una hora, sin afectar el paso de ambulancias, mientras enfrentaban un fuerte operativo policial. “La marcha fue pacífica, pero los uniformados arremetieron contra estudiantes, artistas y dirigentes”, señaló un joven de la Universidad Central de Ecuador, que prefirió resguardar su identidad.

Entre los detenidos se encuentra el artista escénico y visual Carlos Quito, quien se había sumado al paro. Su arresto profundizó la indignación, ya que el gobierno intenta instalar la narrativa de que los manifestantes son “terroristas”. En la marcha, un cartel resumía la respuesta popular: “Aquí no hay terroristas ni Cártel de los Soles, hay pobreza, ignorancia y corrupción”.

La represión se replicó en distintas provincias. En Otavalo, la policía reprimió con gases lacrimógenos a comunidades que mantenían cortes de ruta. Allí, un destacamento policial resultó atacado en medio de la tensión creciente.

En paralelo, Noboa apareció en la zona entregando bonos sociales y calificando las protestas como “actos terroristas disfrazados”, en un intento de criminalizar la protesta social y desligarse de la crisis provocada por sus propias medidas económicas.

El escenario revive la memoria de los levantamientos de 2019 y 2022, cuando las movilizaciones indígenas forzaron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en intentos similares de quitar subsidios a los combustibles.

Hoy, bajo la administración de Daniel Noboa, la historia parece repetirse, con un país en pie de protesta y un gobierno que recurre a la represión y la estigmatización antes que a escuchar los reclamos sociales.