Los cuestionamientos no son menores. Ecuador continúa registrando niveles alarmantes de violencia: solo en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 1.857 homicidios, lo que equivale a un promedio de más de 24 asesinatos por día. Aun cuando esa cifra representa una leve baja interanual, los especialistas coinciden en que el país sigue atravesando una crisis estructural de seguridad.

En ese contexto, la narrativa oficial aparece cada vez más desconectada de la realidad cotidiana. El propio Noboa ha defendido su estrategia asegurando que existe una reducción de muertes violentas, pero admitiendo al mismo tiempo que el país sigue en una “guerra” contra el crimen organizado.

El problema de fondo, advierten expertos, es que el Gobierno prioriza mostrar resultados rápidos en términos estadísticos sin atacar las causas estructurales del fenómeno. La expansión del narcotráfico, la fragmentación de bandas criminales y el colapso del sistema penitenciario siguen siendo factores centrales que no han sido resueltos.

A esto se suma un elemento preocupante: el impacto de las políticas de seguridad sobre los derechos humanos. Organismos internacionales han denunciado que la respuesta estatal no solo no logró contener la violencia, sino que además derivó en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Incluso en los casos donde las estadísticas oficiales muestran mejoras, especialistas advierten que pueden ser engañosas. En operativos recientes, por ejemplo, se detectó que la presión estatal en ciertas zonas provocó simplemente el traslado de las actividades criminales hacia otros territorios, sin una reducción real del delito.

La insistencia del Gobierno en sostener una narrativa optimista también se da en un contexto político delicado, marcado por crecientes cuestionamientos al estilo de conducción de Noboa y a la concentración de poder. Analistas y organismos de derechos humanos alertan sobre un deterioro institucional, donde la seguridad funciona como argumento para justificar medidas excepcionales y limitar controles democráticos.

En definitiva, mientras el Ejecutivo intenta instalar la idea de que la violencia está retrocediendo, los datos y las voces especializadas muestran un panorama mucho más complejo. La brecha entre el discurso oficial y la realidad no solo pone en duda la eficacia de la estrategia de seguridad, sino que también abre interrogantes sobre la transparencia y el uso político de las estadísticas en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Ecuador.