En su denuncia, Pasquel argumenta que esta conducta es antijurídica y representa una interferencia directa en el proceso electoral. Además, invoca el artículo 278 del Código de la Democracia, que establece sanciones para servidores públicos que induzcan el voto o realicen actos de campaña anticipada. Las sanciones pueden incluir multas, destitución, y suspensión de derechos de participación por períodos que van de seis meses a dos años.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Diana Jácome, asesora presidencial, desestimó la denuncia en una rueda de prensa, calificándola como un ataque político. Jácome insinuó que la denuncia tiene motivaciones personales, señalando que Pasquel es pareja sentimental de Tamara Cedeño, una exfuncionaria de la Vicepresidencia que renunció recientemente.

Este caso ha generado un debate sobre la legalidad de las acciones de Noboa y el uso de sus plataformas para influir en el proceso electoral, así como sobre las motivaciones y la integridad de los actores involucrados en la denuncia.