Las operaciones militares y policiales, eje central de la estrategia oficial, “han tenido un éxito efímero”, advierte el documento.

Aunque durante los primeros meses de 2024 se registró una baja del 17 por ciento en los homicidios intencionales, la tendencia se revirtió rápidamente con una nueva ola de violencia concentrada en la costa del Pacífico, donde se produce el 70 por ciento de los asesinatos. Las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro se han convertido en los principales escenarios de disputa entre bandas locales y redes internacionales del narcotráfico.

Basado en más de cien entrevistas a funcionarios, especialistas, exmiembros de bandas y habitantes de zonas afectadas, el estudio describe una transformación profunda del crimen organizado.

Ecuador dejó de ser un simple corredor de paso para convertirse en una base de exportación de cocaína, favorecido por sus puertos, la dolarización y una institucionalidad debilitada.

La muerte de “Rasquiña”, líder de Los Choneros, en 2020, rompió el frágil equilibrio criminal y desató una guerra entre facciones. Desde entonces, Los Lobos expandieron su presencia a siete provincias y establecieron alianzas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras Los Choneros mantienen vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El informe también detalla la participación de mafias balcánicas —en particular redes albanesas— que emplean el comercio bananero como fachada para enviar cocaína a Europa.

Decomisos récord en España y Bélgica, de hasta 13 toneladas por cargamento, dan cuenta de la magnitud del tráfico que parte desde los puertos ecuatorianos.

Las cárceles reflejan la misma descomposición. Desde 2021, más de 500 personas han sido asesinadas en masacres carcelarias, la mayoría en Guayaquil.

Solo en la Penitenciaría del Litoral murieron 119 reclusos en septiembre de 2021. Desde 2024, al menos 27 funcionarios penitenciarios —incluidos tres directores— han sido ejecutados, mientras las bandas continúan controlando los penales.

Según el informe, dentro del sistema carcelario se impone una red de extorsiones: limpiar un expediente cuesta 400 dólares, y una boleta de excarcelación puede alcanzar los 1.000. “Trabajar aquí es un acto suicida”, confesó un guardia penitenciario.

La investigación denuncia una captura institucional generalizada que garantiza la impunidad. Crisis Group documenta sobornos en el sistema judicial, conexiones entre el crimen y políticos locales, y una tasa de impunidad superior al 90 por ciento en delitos violentos.

Además, advierte sobre el riesgo de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, que asumen cada vez más funciones policiales.

Las conclusiones son tajantes: la militarización muestra fuerza, pero no recupera el control estatal.

Los despliegues armados reducen la violencia de forma temporal, pero al retirarse las tropas, el caos regresa. “Mientras Ecuador siga siendo un imán para el crimen organizado, los mensajes de fuerza serán ignorados”, sentencia el informe.