De hecho, el promedio de permanencia de un ministro de Gobierno durante su mandato es de apenas cuatro meses, una cifra que duplica negativamente el promedio registrado bajo Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Rafael Correa.

El papel del Ministerio también abarca la supervisión de la representación del Ejecutivo en todo el territorio. Ahí la administración Noboa acumula fracasos graves.

La respuesta improvisada a las protestas tras eliminar el subsidio al diésel lo expuso de manera contundente: el Gobierno se trasladó a Latacunga, mientras las manifestaciones más fuertes estallaron en Otavalo, desnudando un Ejecutivo desinformado, desconectado y sin control político del país.

Los conflictos con municipios y prefecturas gobernadas por la Revolución Ciudadana se agravan, afectando regiones densamente pobladas como Guayas, Pichincha y Azuay. Sin un articulador eficiente, esos choques se fueron acumulando mientras la seguridad y la salud pública se deterioran.

El Gobierno, confiado en mantener la primera minoría legislativa, parece no aceptar que la gobernabilidad se está haciendo trizas. Para avanzar con las reformas constitucionales que busca Noboa se necesitan 100 votos en la Asamblea, un objetivo que hoy parece utópico ante el desgaste creciente.

La mesa chica presidencial se achica aún más, con un presidente que solo confía en los mismos nombres y se resiste a integrar nuevos actores capaces de construir consensos. La pregunta es si Morillo será un cambio de rumbo o simplemente la próxima víctima de un gobierno que pierde aliados, apoyo territorial y paciencia ciudadana a velocidad récord.