Un hombre murió tras ser golpeado y electrocutado en un operativo irregular del Ejército
El Ejército ecuatoriano reconoció que el procedimiento en el que murió un hombre, tras ser golpeado y sometido a descargas eléctricas, se llevó adelante sin la autorización ni el conocimiento de la cadena de mando. A través de un comunicado, la fuerza indicó que los efectivos actuaron fuera de su jurisdicción y de manera irregular.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde en las afueras de Milagro, en la provincia de Guayas, una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal. Horas después comenzaron a difundirse videos en redes sociales en los que se observa a personas con uniformes similares a los militares trasladando a la víctima a un hospital, donde fue entregada al personal médico.
El Ejército Ecuatoriano informa sobre los hechos ocurridos en el cantón Milagro. #EjércitoECU pic.twitter.com/7PTWFCclVR
— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 19, 2026
Según la Fiscalía, el hombre habría sido agredido físicamente y electrocutado por integrantes de las Fuerzas Armadas durante el operativo. La víctima falleció poco después, lo que motivó la apertura de una investigación de oficio para determinar responsabilidades.
Desde el Ejército manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia, asegurando que brindarán toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables.
El caso se da en un contexto de fuerte despliegue militar en distintas provincias, incluida Guayas, donde rige un toque de queda nocturno en el marco de la ofensiva del gobierno contra el crimen organizado.
Este endurecimiento de las medidas de seguridad ha generado cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, que denunciaron decenas de desapariciones atribuidas a operativos militares.
Uno de los antecedentes más impactantes es el de cuatro menores detenidos en diciembre de 2024 en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados días después. Por ese hecho, 16 militares fueron condenados a penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada.
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