Para obtener estos resultados, el OECO desarrolló seis talleres interactivos en las provincias de Carchi, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena y Sucumbíos con 116 representantes de las institucionales vinculadas al sector de seguridad y justicia del Estado ecuatoriano. A esto se sumaron encuestas anónimas y entrevistas semiestructuradas grupales.

El principal hallazgo es que el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador: con un 23 por ciento de incidencia, seguido del lavado de activos con un 17 por ciento, la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16 por ciento, el tráfico de armas con 10 por ciento y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento, según señala el reporte.

El blanqueo de capitales se entiende como el proceso que permite que los bienes de origen ilícito se integren en el sistema económico legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

Sobre el lavado de activos, el OECO indica que este delito se concentra en actividades económicas relacionadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas en línea: “Si bien los asistentes conocen el alcance del lavado, los resultados e investigaciones hacia este delito, así como la interpretación de la norma se traducen en un bajo porcentaje de condenas, así como una limitada articulación entre instituciones del Estado hacia este delito”, se explica.

De acuerdo con el estudio, se determinó que el comportamiento autónomo y diferenciado entre economías criminales y lavado de activos tiene al menos dos lógicas en Ecuador: “La primera de ellas es que en aquellos territorios donde se presenta un alto flujo de comercialización de ilícitos como las fronteras terrestres y puertos artesanales, las organizaciones no tienen incentivos para generar esquemas de lavado de activos dentro de estos territorios. Segundo, el lavado de activos por lo general se concentra en aquellos entornos donde existen economías o industrias históricamente constituidas que facilitan la apariencia de legalidad”.

Asimismo, entre mayor es la desigualdad de ingresos en una provincia con puertos marítimos internacionales, mayor es la oportunidad de generar actividades o empresas para lavar dinero.

El OECO determinó que Manta, en Manabí es el “business center del crimen organizado”, esto porque los negocios que organizaciones criminales locales y transnacionales, así como ciertos políticos establecen en esta provincias sirven para insertar sus ingresos ilícitos en el sistema económico formal. Esto a pesar de que un estudio previo identificó Guayaquil como un punto central del lavado de activos en el país.

En Manta, por ejemplo, la inversión en los sectores inmobiliario, gastronómico, industrial de la pesca y en el mercado de apuestas deportivas es notoria. A esto se suman las empresas de captación de dinero (pirámides) que ofrecen incremento de capital en tasas de interés muy alto y en poco tiempo.

En Quito, en cambio, se identificó la supuesta operación de compraventa de bitcoins con tasa alta de retorno en efectivo, pero de difícil trazabilidad.

Según el estudio, este tipo de negocios se respaldan con empresas en el exterior, sobre todo en Colombia, vinculadas a organizaciones criminales.

La desinstitucionalización y ausencia de políticas públicas en materia de seguridad ha permitido el movimiento de flujos ilícitos y economías criminales, diversas prácticas de corrupción y el surgimiento de varias manifestaciones de impunidad.

Un estudio de la Policía Nacional indicó que la dolarización y la baja bancarización facilita la transacción de las actividades ilícitas y el lavado de dinero.

Además, el análisis policial identificó que la mafia balcánica ha diversificado sus operaciones hacia el lavado de activos a través de la compraventa de empresas exportadoras, con la obtención de visas de residencia o de inversionistas.