Se va, pero deja la herencia: Lasso le entrega el Gobierno a Noboa con una compleja situación tributaria
Al cerrar este 2023 se habrá cobrado prácticamente 1.000 millones de dólares producto de los controles del Servicio de Rentas Internas (SRI), esto y los 900 millones del año pasado son los dos valores históricos de la también llamada recaudación forzosa: cuando el contribuyente no paga por su cuenta sino tras el control de la autoridad.
“Y la verdad eso es lo que nos ha ayudado a incrementar la recaudación en este año pese a que hemos reducido impuestos”, comenta el director del SRI, Francisco Briones. Son 13.502 millones de dólares recaudados hasta septiembre y un crecimiento del 2,5 por ciento.
Esa reducción de impuestos incluye al de salida de divisas (ISD) que ha ido bajando de forma progresiva durante este Gobierno del 5 por ciento al 3,50 y el 31 de diciembre del 2023 quedará en 2 como lo establece el Decreto Ejecutivo 643 firmado por Guillermo Lasso en enero pasado, a menos que el nuevo Gobierno derogue dicho decreto.
Independientemente de una decisión presidencial, hay una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental del 2011 –impulsada en la administración de Rafael Correa- que trepó el ISD de la tarifa del 2 por ciento con la que fue creado en el 2007 al 5 pero dio hasta diciembre del 2023 para que siga vigente hasta que se envíe una nueva reforma tributaria. Además, el presidente electo Daniel Noboa Azín dijo en el último debate del 1 de octubre que iba a eliminar este impuesto.
Si Noboa quiere hacer una nueva reforma tributaria y por ejemplo cambiar el esquema de deducciones del impuesto a la renta recientemente reformado debe hacerlo mediante una ley y no tendría efecto para este 2024, pues los impuestos anuales se cambian por año fiscal y entran en vigencia el 1 de enero de cada año.
“Es potestad de cada Gobierno decidir qué hace en cuestión tributaria y eso es a través de vía legal. Si llegase a hacer algo debería ser ya para el año fiscal 2025″, comenta Briones.
También hay resoluciones que deben hacerse al final del año para que entren en vigencia al siguiente año fiscal y eso forma parte del informe de transición que elabora el SRI con tres elementos: lo que encontraron y cómo lo resolvieron, los planes que están en marcha y que deberían seguirse ejecutando y también contiene una serie de alertas de decisiones que deben ser tomadas inmediatamente en diciembre, enero, febrero. “Siempre que llega una autoridad nueva tiene que saber qué es lo que tiene que firmar o tiene que decidir pronto porque le toca por ley, por calendario, por lo que fuere. Hay disposiciones que tienen que ser emitidas en diciembre, por ejemplo la actualización de la base de impuesto a la renta de personas naturales, la actualización por inflación del ICE”.
Hasta entonces el SRI sigue avanzando en la digitalización de servicios y en las próximas semanas proyecta atender las devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) para las empresas en menos tiempo. Eso “es super importante porque es liquidez mensual para las empresas, eso también va a quedar listo, un proceso que actualmente toma 120 días va a demorar 30 o 35 días máximo”, ofrece Briones.