El alto tribunal añadió que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el apoyo y acompañamiento a la oficina de sistemas del Consejo de Estado, para la realización de una auditoría con expertos en seguridad informática que permita conocer la trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos estaban sometidos.

Gobierno y farmacéuticas adelantan reuniones de última hora para mitigar el impacto de una crisis que puede afectar la distribución futura de los biológicos en el país.

La reacción del Gobierno ante el “error involuntario”

En la noche del pasado 10 de agosto, el director del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Víctor Muñoz, rechazó la publicación de dichos acuerdos, o incluso de apartes, como los precios por los cuales se compraron las dosis para lograr la inmunidad contra el virus y las concesiones dadas por la nación.

Afirmó que dicho acto podría poner en riesgo al país, dados los acuerdos de confidencialidad firmados con las farmacéuticas que le proveen sus fórmulas a Colombia.

La Secretaría Jurídica de Presidencia y los abogados del equipo jurídico de gestión de riesgo se encuentran reunidos y esta noche tendremos sesión de trabajo con farmacéuticas porque tenemos que evaluar, de cara a una publicación, si se realizan los contratos que afecten el acuerdo de confidencialidad, cuáles puede ser los impactos de tener esto en términos de despacho o cualquier otra situación en el tema de vacunas

La reacción de muñoz se dio luego de que el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, procediera a publicar en Twitter los que serían los precios pagados por Colombia a cambio del envío de las vacunas contra el Covid-19: 12 dólares por dosis en el caso de Pfizer, y 6 dólares por dosis en el caso de AstraZeneca. Teniendo en cuenta que de las primeras se compraron 15.000.570, y que de las segundas fueron 9.984.000, el país habría gastado 180.006.840 dólares y 59.904.000 dólares, respectivamente.

Muñoz, por su parte, empleó la misma red social para responder directamente a esa última declaración del director del Instituto, advirtiendo que “estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el plan nacional de vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”.

Los contratos fueron revelados a través de redes sociales en la noche de este 10 de agosto, específicamente algunos que componen los acuerdos bilaterales del gobierno con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca; los cuales también fueron difundidos por Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.

Según dijo el presidente Iván Duque, la confidencialidad de los acuerdos alcanzados hasta el momento para la compra de cerca de 70 millones de dosis no es “ni por una necedad ni una terquedad, sino ha sido una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países”.