El panorama político nacional se prepara para un nuevo referéndum. El presidente Daniel Noboa ha remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional con un objetivo claro: modificar el proceso de designación de las autoridades de control del país.
La propuesta, que busca retornar esta responsabilidad a la Asamblea Nacional, plantea una pregunta fundamental para el futuro de la transparencia y la rendición de cuentas en Ecuador: ¿Quién debe tener el poder de nombrar a los altos funcionarios?
El Contexto: Del CPCCS a la Asamblea Nacional
Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el organismo encargado de designar al Procurador General, al Contralor, a los superintendentes, y a otros cargos de relevancia. La propuesta de enmienda del presidente Noboa busca revertir esta situación, trasladando esta facultad nuevamente a la Asamblea Nacional.
Luz Verde de la Corte Constitucional
Este proyecto no surgió de la nada. Tras un análisis, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable el 21 de marzo, señalando que la enmienda no altera la estructura fundamental del Estado ni restringe derechos. Con esta aprobación, el camino quedó allanado para que la ciudadanía se pronuncie mediante un referéndum.
¿Por qué este cambio? La visión del Ejecutivo
El gobierno de Daniel Noboa argumenta que este cambio fortalecerá la democracia y garantizará una mayor transparencia en la elección de los altos funcionarios del país. Al otorgar a la Asamblea Nacional la potestad de nombrar a estas autoridades, se espera que el proceso sea más riguroso y sujeto al escrutinio público.
Próximos Pasos: El CNE en Marcha
Una vez recibido el proyecto de enmienda, el CNE ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes. El Pleno de la entidad deberá decidir sobre la viabilidad del referéndum y establecer la fecha en que los ecuatorianos acudirán a las urnas para responder a la pregunta planteada. Existe la intención de que este referéndum coincida con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
¿Qué está en juego?
En definitiva, este referéndum representa una decisión crucial para el futuro institucional de Ecuador. La elección de quién designará a las autoridades de control tendrá un impacto directo en la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el país. La ciudadanía tendrá la última palabra sobre este tema de gran importancia.








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