Reimberg destaca que durante 2025 se ejecutaron más operativos que nunca, con miles de detenciones, incautaciones de armas y municiones, y la captura de una veintena de llamados “objetivos de alto valor”. Pero el propio ministro reconoce que solo entre el 10 y el 15 por ciento de los aprehendidos permanece en prisión, mientras el resto recupera la libertad mediante medidas sustitutivas. El señalamiento a jueces y fiscales aparece así como una explicación recurrente del Ejecutivo para justificar la falta de resultados, sin asumir responsabilidades políticas por un sistema que sigue permitiendo altos niveles de impunidad.

La crisis también golpea hacia adentro de las fuerzas de seguridad. Más de 300 policías fueron separados en el último año por presuntos vínculos con organizaciones delictivas o por faltas graves, un dato que expone la profundidad de la penetración criminal en el Estado y pone en duda la eficacia de los controles internos que el Gobierno dice haber fortalecido.

En el plano internacional, la administración de Daniel Noboa apuesta a mostrar cooperación y respaldo externo como un logro. La presencia de militares estadounidenses en Manabí, una de las provincias más violentas, es presentada como parte de una estrategia conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, lejos de revertirse, los indicadores de violencia continúan en alza y los decomisos de droga en 2025 fueron sensiblemente menores a los del año anterior, cuando se había alcanzado un récord histórico.

El Gobierno también exhibe capturas realizadas con apoyo de otros países, como la extradición de un presunto jefe narco desde Medio Oriente, para reforzar su imagen de firmeza. No obstante, estos golpes puntuales contrastan con una realidad cotidiana marcada por asesinatos, extorsiones y miedo, especialmente en zonas costeras y urbanas.

A un año de haber declarado “la guerra” al crimen organizado, la violencia no disminuye, el sistema judicial sigue bajo presión y la población continúa pagando el costo de una estrategia que, hasta ahora, no logra resultados visibles. Mientras el Ejecutivo insiste en responsabilizar a gobiernos anteriores o a otros poderes del Estado, el país atraviesa su momento más crítico en materia de seguridad.