Durante una cadena nacional, Loffredo cumplió con la sentencia de hábeas corpus que exigía reconocer la desaparición forzada y ofrecer disculpas a las familias afectadas. Sin embargo, en lugar de mostrar un gesto genuino de arrepentimiento, utilizó su intervención para desestimar las decisiones judiciales y minimizar la gravedad de los señalamientos.

Rechazó categóricamente el término "desaparición forzada" y negó cualquier implicación del Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas, deslegitimando a la jueza que dictaminó el caso y amenazando con acciones legales en su contra.

Estas declaraciones no solo representan una burla a las víctimas y sus familias, sino que también exponen una alarmante politización de un caso tan sensible. Al calificar las investigaciones como parte de una "persecución política" y acusar a organizaciones de derechos humanos de usar una "narrativa manipulada", el gobierno de Noboa demuestra un preocupante desinterés por la justicia y la verdad.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, también se sumó a la controversia, al apelar la sentencia de hábeas corpus y alegar que esta se basó en irregularidades judiciales. En lugar de priorizar una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables, Palencia insistió en defender la "imagen" de su cartera, mostrando una desconexión total con el dolor de las familias y las demandas de justicia de la ciudadanía.

Este caso, que involucra a 16 militares procesados y la aparición de restos calcinados de los menores en una zona cercana a una base militar, ha generado una profunda indignación. La postura defensiva y la falta de autocrítica del gobierno de Noboa no solo erosionan su credibilidad, sino que también confirman la ausencia de voluntad política para enfrentar las violaciones de derechos humanos.

La ciudadanía exige respuestas claras y un cambio en la actitud oficial, mientras crece la percepción de un Estado que prioriza la protección de sus instituciones sobre la vida de sus propios ciudadanos.