El Ministerio del Interior publicó gráficos sobre supuestos avances en delitos como extorsión y narcotráfico, pero las comparaciones carecen de fechas claras, lo que impide evaluar con precisión si hay una verdadera mejora. Mientras la comunicación oficial celebra más operativos, la realidad es que las denuncias de extorsión aumentaron de 13.627 en 2023 a 14.579 en 2024.

En materia de drogas ocurre lo mismo: se exhiben 513 toneladas incautadas bajo la gestión de Noboa contra 221 del pasado, pero sin definir periodo alguno y mezclando datos que distorsionan el panorama. La información oficial no coincide con estadísticas verificadas que hablan de 195 toneladas incautadas en 2023 y 252 en 2024.

Lo más grave es lo que el Gobierno decidió callar: los homicidios. Tras un leve descenso en 2024, la violencia volvió a dispararse, y Ecuador se encamina a superar los 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2025, rompiendo un récord que ya era estremecedor.

Las cárceles continúan fuera de control. Pese a ser la prioridad número uno del Ejecutivo, más de 60 reclusos murieron en tres masacres recientes, producto de disputas internas tras la captura de líderes criminales. Lejos de debilitar al crimen organizado, el encarcelamiento de cabecillas reacomoda el tablero y detona guerras entre facciones.

Un líder social de Guayaquil, que trabaja con jóvenes vulnerables, define con crudeza la raíz del problema: “Cuando el Estado se aleja, las mafias se acercan”. Sin programas sociales, sin espacios culturales, sin alternativas para los jóvenes, la violencia seguirá creciendo por más que el Gobierno siga inflando operativos en redes sociales.