El proyecto, enviado a la Asamblea el 14 de marzo de 2025, plantea modificaciones en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal.

Entre las medidas, se prevé multas de dos a cinco salarios básicos para abogados que no asistan a audiencias sin justificación, y hasta diez salarios para quienes abusen del derecho para retrasar procesos. Además, se limita la posibilidad de diferir audiencias penales a solo una vez.

Si bien la propuesta parece ir en la dirección correcta, no toca los problemas de fondo del sistema judicial, que sigue plagado de corrupción, presiones políticas y una impunidad que alcanza hasta los más altos niveles del poder.

Es llamativo cómo el gobierno de Noboa se enfoca en castigar a abogados, mientras jueces que liberan delincuentes con argumentos absurdos siguen sin consecuencias.

El paquete de reformas también plantea la suspensión de hasta 36 meses para abogados reincidentes y sanciones penales para quienes presenten documentos falsos. Como si con eso se resolviera la desconfianza total de la ciudadanía en un sistema judicial que protege a los poderosos y olvida a las víctimas.

Mientras Noboa busca vender esta ley como un hito en la lucha por la justicia, los ecuatorianos siguen esperando soluciones a la crisis de seguridad, el desempleo y la corrupción. Pero claro, es más fácil culpar a los abogados que enfrentar los verdaderos problemas del país.