La revocatoria, prevista en la Constitución ecuatoriana, podrá iniciarse legalmente a partir del 24 de mayo de 2026, cuando se cumpla el primer año del actual mandato de Noboa. Para avanzar, será necesario reunir el respaldo del 15 por ciento del padrón electoral nacional, lo que equivale a unas 2,5 millones de firmas, y fundamentar el pedido en el incumplimiento del plan de gobierno y de las funciones constitucionales.

Desde la oposición sostienen que las promesas centrales del Presidente quedaron rápidamente en el camino. El aumento del precio del diésel, pese al compromiso explícito de no hacerlo, se convirtió en uno de los símbolos del incumplimiento. A esto se suma el agravamiento de la crisis de seguridad, la parálisis económica y las denuncias por persecución política tras el paro nacional, cuando se bloquearon cuentas de organizaciones sociales, dirigentes indígenas y periodistas críticos.

En paralelo, otras vías institucionales comienzan a explorarse. Legisladores opositores analizan denuncias por infracciones electorales, como el presunto uso de fondos públicos o irregularidades durante la campaña, que podrían derivar en sanciones del Tribunal Contencioso Electoral. Aunque la destitución vía Asamblea aparece hoy como lejana por falta de votos, el escenario político es cada vez más volátil.

En este contexto, la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador anunció la conformación de comités provinciales para impulsar la revocatoria presidencial. Según el comunicado difundido el 15 de diciembre, la ciudadanía “ya no soporta” una administración marcada por la incapacidad y la soberbia, y busca una salida democrática para poner fin al actual gobierno.

Lejos de consolidarse, el proyecto de Noboa parece entrar en una etapa de declive prematuro. Con un Presidente debilitado, aliados que se reacomodan y una sociedad cada vez más crítica, la revocatoria dejó de ser una hipótesis lejana y comenzó a instalarse como una amenaza real para la continuidad del mandatario.