El gobierno y el movimiento ADN, al que pertenece el presidente Noboa, defienden la independencia de las funciones y rechazan cualquier acusación de injerencia en la función electoral. Sin embargo, la relación personal entre Guevara y Ortega ha avivado las sospechas de Construye y otros críticos, quienes ven en este nombramiento una posible estrategia para influir en decisiones judiciales cruciales para el panorama político.

En respuesta, Construye anunció la presentación de una denuncia penal contra el juez del TCE, Ángel Torres, por presunto prevaricato. Argumentan que el retraso en la entrega de un informe económico no constituye una base legal suficiente para cancelar la inscripción de su organización política. La disputa sobre la cancelación de Construye aún no ha sido resuelta y está pendiente de decisión en instancias superiores.

La Unidad de Gestión y Regularización, dirigida ahora por Guevara, tiene la responsabilidad de coordinar los actos necesarios para cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Esta unidad está bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y juega un papel crucial en la gestión de la crisis bancaria que afectó a Ecuador a finales del siglo XX.

El nombramiento de Guevara y las acusaciones de presiones sobre el TCE reflejan las tensiones políticas actuales en Ecuador. La situación plantea preguntas sobre la independencia del sistema judicial y la integridad de los procesos electorales. Si bien el oficialismo insiste en la autonomía de las funciones del estado, las críticas de la oposición y las denuncias legales subrayan un clima de desconfianza y polarización.

El desenlace de este conflicto y la decisión final sobre la cancelación de Construye serán determinantes para el equilibrio político en Ecuador. La capacidad del gobierno para demostrar transparencia y respeto por la independencia judicial será crucial para mantener la confianza pública y la estabilidad democrática en el país.