En Quito, la noche del triunfo fue una postal de celebración: fuegos artificiales, caravanas de autos y tecnocumbia en las calles. Pero mientras algunos festejaban, otros denunciaban irregularidades.

La candidata opositora Luisa González rechazó los resultados, lo que dejó en evidencia el escaso consenso en torno al presidente de 37 años. Su aspiración a convertirse en la primera presidenta electa del país volvió a frustrarse, esta vez en un contexto de creciente tensión social.

“Ecuador está dividido”, reconoció una joven estudiante entrevistada por AFP, reflejando el clima generalizado de incertidumbre. A pesar de los discursos de unidad, los hechos hablan por sí solos: el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente.

Con un mandato que se extiende hasta 2029, Noboa asume la responsabilidad de gobernar una nación dolarizada, estratégicamente ubicada entre los dos mayores productores de cocaína del mundo —Colombia y Perú— y convertida en un foco de violencia sin precedentes.

El gobierno promete “mano dura”, pero los resultados están por verse: entre enero y febrero, una persona fue asesinada por hora, marcando el inicio de año más sangriento del que se tenga registro.

Las promesas de campaña contrastan con una realidad que empeora. En lugar de soluciones concretas, Noboa ha ofrecido hasta ahora una retórica endurecida, mientras los carteles del narcotráfico continúan expandiendo su control territorial y operativo.

En este escenario, las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y la efectividad del nuevo gobierno no hacen más que profundizar el escepticismo de gran parte de la población.