Noboa, reelegido en enero con promesas de diálogo, opta por la mano dura mientras el país suma pérdidas de 70 millones de dólares por el paro de la Conaie, que ya cumple dos semanas de bloqueos y enfrentamientos.

El decreto 174, firmado de noche como maniobra cobarde, justifica la represión alegando agresiones a policías y militares "secuestrados y vejados", pero omite el asesinato de Efraín Fuerez, indígena kichwa de 46 años baleado en el pecho por fuerzas del Estado el domingo pasado.

Esta escalada sigue la anulación de la Corte Constitucional del viernes, que tumbó la excepción en seis provincias por inconstitucional, reconociendo que Noboa viola el derecho a la protesta y resistencia.

Sin embargo, el régimen ignora fallos y acusa al Tren de Aragua de financiar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) , una calumnia para deslegitimar la lucha indígena contra el recorte del subsidio al diésel –de 1,80 a 2,80 de dólares por galón–, que Noboa impuso para "ahorrar" 1.100 millones, beneficiando a contrabandistas y oligarcas mientras asfixia a campesinos y transportistas.

La Conaie, la organización indígena más grande del país, exige no solo revertir el alza, sino bajar el IVA del 15 al 12 por ciento, invertir en salud y educación, y liberar a 12 líderes detenidos por "terrorismo" –un montaje del gobierno.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió: "Si no hace caso, tomaremos Quito", ante un Ejecutivo que rechaza el diálogo y apuesta por la división, como en 2019 y 2022 bajo Moreno y Lasso.

Mientras Noboa presume "éxitos políticos" con el FMI, la agitación social crece: bloqueos en la Troncal Amazónica, ataques a convoyes presidenciales y un pueblo indígena que resiste la plutocracia.