No tienen cara: funcionarios acusados de formar parte de una red de corrupción narco, continúan recibiendo su sueldo
22 de los 39 procesados en el caso Metástasis, aún en curso legal y que apunta la vinculación de funcionarios públicos al narcotráfico, continúan recibiendo sus sueldos estatales. Este caso se remonta al fallecimiento en prisión del narcotraficante Leandro Noreno en octubre de 2022.
Según las investigaciones, existe una red de corrupción supuestamente al servicio de Noreno, en el que estarían implicados casi cuatro docenas de funcionarios. Pese a las acusaciones y las órdenes de prisión preventiva, continuaron recibiendo hasta enero su salario: dos de esos 22, ya no cumplen funciones.
El caso #Metástasis los mostró como lo corruptos y delincuentes que son.
— Pato Rosero 🇪🇨⚖ (@PatoFerRosero) January 11, 2024
📌 Y ahora el Decreto que los nombra como terroristas los muestra como lo cobardes que son.
Son valientes solamente cuando solo ellos pueden matar, ahora andan gachos delincuentes hptas.
Entre los vinculados se encuentran los jueces Adolfo Gaibor, Emerson Curipallo, José Luis Segovia y Santiago Zumba. Además, también están implicados la fiscal María José Aguirre, el secretario Christian Sánchez, el agente policial Héctor Paredes y la funcionaria judicial Mayra Salazar.
Los montos pagados por el Estado varían considerablemente, desde 585 dólares para una asistente administrativa en la cárcel de Cotopaxi, donde Norero fue asesinado, hasta 5.011 dólares para jueces provinciales.
El marco legal ecuatoriano, según lo estipulado en el artículo 109 del Código de la Función Judicial y el artículo 111 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que los funcionarios judiciales y los policías, respectivamente, solo pueden ser destituidos o removidos de sus funciones tras ser condenados en un proceso judicial.
Sin embargo, mientras el caso Metástasis se encuentra en la etapa de instrucción fiscal, los acusados pueden seguir ejerciendo sus roles públicos. Esta fase, que normalmente dura 90 días, se ha extendido por 30 días adicionales debido a la inclusión de nuevos procesados a principios de enero.
