El decreto firmado en la noche del lunes prolonga la "emergencia" en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además de Quito y Camilo Ponce Enríquez. ¿El objetivo? Supuestamente, "garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos".

Pero lo que realmente significa es que el gobierno podrá seguir metiéndose en las casas sin orden judicial, revisando correspondencia y restringiendo la libertad de movimiento de la gente. Todo un combo bien democrático, ¿no?

Como si esto fuera poco, el decreto fue enviado a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA, tal vez para que aplaudan su versión moderna del autoritarismo.

Porque claro, Ecuador ya no está solo bajo estado de excepción, sino en un "conflicto armado interno", una etiqueta que Noboa le puso en enero de 2024 a la guerra que libra contra las bandas criminales.

Eso sí, si la estrategia realmente estuviera funcionando, uno esperaría ver una disminución drástica de la violencia. Pero las cifras dicen otra cosa: en enero de este año hubo 781 homicidios, superando ampliamente los 505 de 2024 y los 534 de 2023.

La inseguridad sigue rampante, con masacres, sicariatos y asaltos que terminan en muertes casi a diario. Mientras tanto, Noboa sigue usando a las Fuerzas Armadas como su brazo represivo, con militarización de cárceles y operativos que, a juzgar por los números, no están haciendo gran diferencia.

Y por supuesto, todo esto ocurre en plena campaña electoral. Noboa busca la reelección el 13 de abril y enfrentará a Luisa González, del movimiento de Rafael Correa.

Así que la pregunta es: ¿realmente este estado de excepción es para combatir la delincuencia o es solo un intento desesperado de mantenerse en el poder con medidas de corte autoritario?

Lo cierto es que, mientras la violencia sigue escalando y la represión se intensifica, el presidente sigue gobernando a punta de decretazos. ¿Y la democracia? Bien, gracias.