Las medidas van desde la prohibición del uso de celulares en las urnas hasta el control estricto de mochilas y aglomeraciones en los alrededores de los recintos.

El despliegue está centralizado en la Mesa Nacional de Seguridad, instalada en el ECU-911 de Quito. Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se trata de un proceso que requiere “coordinación, experiencia y rigurosidad”.

El sistema contará con 5.700 cámaras de videovigilancia y más de 3.100 funcionarios listos para actuar en caso de emergencia.

Uno de los puntos centrales será la inspección de bolsos y maletas en los accesos a los centros de votación, a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También se impedirá la permanencia de votantes en los exteriores una vez emitido el sufragio, para evitar concentraciones que puedan ser utilizadas por grupos delictivos.

Asimismo, queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de los recintos. La medida, que ya se aplicó en las presidenciales de abril, busca resguardar el secreto del voto y frenar prácticas de coacción o compra. El CNE reforzó esta disposición en cadena nacional y remarcó su obligatoriedad.

Entre las recomendaciones, se pide no asistir con niños y se restringirá el comercio ambulante cerca de los locales de votación, para lo cual se solicitaron controles municipales. Las cámaras del ECU-911 estarán habilitadas para alertar sobre movimientos sospechosos o reuniones que pongan en riesgo la seguridad.

El operativo se da en un contexto de tensión, luego del coche bomba que estalló en Guayaquil el 14 de octubre y que encendió las alarmas en provincias como Manabí, Los Ríos y El Oro. Por ello, las Fuerzas Armadas realizan labores de inteligencia preventiva para evitar la intromisión del crimen organizado en el proceso.

En cuanto a la seguridad documental, el CNE ya imprimió más del 42 por ciento de las papeletas previstas, todas con sistemas de resguardo avanzados: microtextos, códigos QR y de barras, tintas especiales y efectos anticopia diseñados por el Instituto Geográfico Militar.

También se acreditaron 781 observadores —740 nacionales y 41 internacionales— para dar transparencia al proceso.

A las medidas técnicas se suman disposiciones legales: la ley seca regirá desde el viernes 14 al mediodía hasta el lunes 17, y el silencio electoral comenzará 48 horas antes de la votación.

Las sanciones económicas irán desde el 50 por ciento del salario básico en casos de incumplimiento de la ley seca, hasta el 70 por ciento por violaciones al silencio electoral, conforme al Código de la Democracia.