Entre las falencias crónicas que determinó en el caso de Ecuador está que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y paro nacional, registrados en el 2022, que hicieron que estalle la violencia por parte de manifestantes o infiltrados.

“Las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso que se produjeron en junio pusieron de manifiesto problemas estructurales de larga data que afectan a las comunidades indígenas y a los hogares de escasos recursos. Los manifestantes protestaron contra el acceso inadecuado a la salud, la educación y el empleo, y por la eliminación de subsidios a los combustibles”, refiere.

HRW relata que “en Quito y Guayaquil, la policía respondió con incidentes de uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los incidentes incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta”, sentencia el documento.

En esa ocasión, el presidente defendió la actuación policial y HRW anticipó que lo investigaría y exhortó al Estado a elaborar una ley que regule el uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza con base en estándares internacionales de derechos humanos.

“Me parece que hay un exceso de sensibilidad cuando la Policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a estos. Como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías”, afirmó Lasso en ese momento.

En el caso del paro nacional, que vivió el país por 17 días desde el 13 de junio pasado, la organización determinó que “la Policía Nacional respondió con un uso excesivo de la fuerza en varias oportunidades, disparando cartuchos de gas lacrimógeno de manera directa a los manifestantes o cerca de áreas que albergaban a niños y personas heridas”.

HRW afirma que “las protestas comenzaron pacíficamente, pero se tornaron violentas” y subraya que “los manifestantes culparon a infiltrados por los hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales” que se registraron en esas semanas.