El escándalo estalló tras la divulgación de archivos internos del Ministerio de Defensa, que evidenciaban presuntas fallas en la contratación de la empresa High-End Defense Solutions LLC. Los documentos indicaban incumplimientos contractuales previos con la Policía Nacional, falta de pruebas balísticas en fábrica y omisiones en criterios técnicos.

En respuesta, el gobierno organizó una demostración balística encabezada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Según el ministro, las pruebas evidenciaron que los chalecos superaban los estándares de seguridad, resistiendo impactos de alto calibre. Loffredo desestimó las denuncias y atribuyó las filtraciones a grupos con intereses políticos que buscan debilitar las operaciones contra el crimen organizado.

El Ministerio de Defensa aseguró que la contratación fue supervisada por una comisión técnica de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que los chalecos fueron evaluados en laboratorios de Estados Unidos, con certificaciones del National Institute of Justice (NIJ). Además, negaron sobreprecios: el contrato se cerró en USD 34 millones, cinco millones menos que el presupuesto referencial.

Noboa enmarcó las acusaciones dentro de un intento por frenar la lucha contra el crimen y reafirmó su compromiso de no ceder ante las mafias. La polémica surge en medio de un clima de creciente militarización y a pocos meses del balotaje presidencial de abril de 2025, donde Noboa se enfrentará a la candidata correísta Luisa González.