Impunidad: acusan a Noboa de violencia de género dentro del Gobierno pero la Justicia lo encubrió
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador rechazó la denuncia de supuesta violencia política de género interpuesta por la vicepresidente Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros altos funcionarios de su administración.
La sentencia, publicada el 24 de diciembre, concluye "negar la denuncia" y ratifica el "estado de inocencia" de Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el exviceministro Luis Esteban Torres Cobo y la asesora presidencial Diana Jácome, archivando la causa.
Ecuador: negada demanda de la vicepresidenta contra Noboa por presunta violencia política de género https://t.co/3CNycEPSj8 pic.twitter.com/gNkBkPdaF3
— Sofi Vargass (@SofiiiVargas15) December 26, 2024
Este fallo se suma a una serie de decisiones polémicas tomadas por el mandatario, que han generado un creciente distanciamiento entre él y su vicepresidente. La denuncia presentada por Abad estaba sustentada en ocho presuntas agresiones, argumentando que Noboa y su equipo intentaron obstaculizar su ejercicio como funcionaria pública mediante intimidación, hostigamiento y medidas destinadas a forzar su renuncia.
Abad denunció que estas acciones buscaban evitar la sucesión presidencial estipulada por la Constitución, prevista para cuando Noboa solicite licencia durante su campaña electoral de 2025. Las pruebas presentadas incluyeron declaraciones públicas del presidente y otros funcionarios, como los ministros de Interior y Defensa, que acusaron a Abad de desestabilizar al gobierno.
En respuesta, la defensa de Noboa calificó las acusaciones como infundadas y desproporcionadas, rechazando la posibilidad de sanciones que podrían incluir su destitución y la suspensión de derechos políticos por cuatro años. Paralelamente, funcionarios cercanos a Noboa interpusieron contrademandas contra Abad, alegando que la violencia política en realidad provino de ella.
La relación entre Noboa y Abad se ha deteriorado drásticamente desde su elección en 2023. Al asumir la presidencia, Noboa designó a Abad como embajadora en Israel, una medida que ella consideró un intento de apartarla de la gestión gubernamental. Posteriormente, el presidente emitió un decreto asignándola como consejera temporal en Turquía, limitando aún más su capacidad para asumir funciones presidenciales durante el período electoral.
La vicepresidente también enfrentó una suspensión de cinco meses sin remuneración, impuesta por el Ministerio de Trabajo tras ser acusada de "abandono injustificado del trabajo". Aunque Abad sostiene que cumplió con los plazos legales, esta sanción le impide asumir la presidencia durante la campaña de Noboa.
Estas maniobras han despertado sospechas sobre un posible intento del Presidente de consolidar su poder eliminando obstáculos políticos.
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