La remoción de la fiscal general se produjo en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y ha generado reacciones adversas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores denuncian que Noboa estaría aprovechando su posición para consolidar un control absoluto sobre los órganos de justicia, socavando los principios democráticos y la separación de poderes.

Mientras el gobierno de Noboa defiende la medida como un paso necesario para fortalecer las instituciones, las voces críticas sostienen que esta acción evidencia un preocupante retroceso para el sistema democrático.

En un país marcado por crisis institucionales, la destitución de una figura clave en la justicia agrava aún más el clima de incertidumbre y pone en tela de juicio el verdadero compromiso del actual gobierno con la estabilidad y el respeto a las normas constitucionales.

Las implicaciones de esta polémica decisión continúan generando tensión, mientras los ecuatorianos observan con preocupación las posibles repercusiones para la institucionalidad del país.