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Derecho internacional

Fuerte acusación de Human Rights Watch al Gobierno de Noboa: contribuye a "serias violaciones de derechos humanos"

"Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos", señaló la organización internacional.

La organización Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado internacional" carece de sustento y ha contribuido a "serias violaciones de derechos humanos" por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

"Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos", señaló la organización internacional defensora de derechos humanos tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales.

Human Rights Watch aseveró que la decisión de Noboa de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con la que pasó a catalogar a las bandas criminales como "grupos terroristas", carece de sustento legal y "podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos".

"Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades", explicó HRW, para quien el Gobierno de Noboa "no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional".

La declaración del "conflicto armado interno" en Ecuador fue acompañada de un estado de excepción mediante el que Noboa militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país, al estar muchas de ellas controladas por las bandas criminales, y también permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la Policía en operaciones contra la delincuencia organizada en las calles.

El estado de excepción estuvo vigente desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y se saldó con una veintena de supuestos delincuentes abatidos e identificados por las autoridades como «terroristas», así como más de 18.400 detenciones.

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