Human Rights Watch aseveró que la decisión de Noboa de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con la que pasó a catalogar a las bandas criminales como "grupos terroristas", carece de sustento legal y "podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos".

"Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades", explicó HRW, para quien el Gobierno de Noboa "no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional".

La declaración del "conflicto armado interno" en Ecuador fue acompañada de un estado de excepción mediante el que Noboa militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país, al estar muchas de ellas controladas por las bandas criminales, y también permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la Policía en operaciones contra la delincuencia organizada en las calles.

El estado de excepción estuvo vigente desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y se saldó con una veintena de supuestos delincuentes abatidos e identificados por las autoridades como «terroristas», así como más de 18.400 detenciones.