Ese dinero fue utilizado para costear una cena y una fiesta posterior en el restaurante japonés Ikigai, donde testigos aseguran que el mandatario ecuatoriano gritó: “¡Llévenme de farra!” mientras arrojaba billetes al aire.

El financiamiento de la celebración se llevó a cabo de manera irregular. Peña retiró el efectivo tras recibir un pedido directo de Noboa, quien argumentó haber olvidado su billetera en Ecuador. La operación fue justificada con el concepto “Advance” (adelanto) y, posteriormente, la diplomática transfirió los fondos a otra cuenta de su propiedad con la anotación “Devolución DNA”, siglas coincidentes con el nombre completo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín.

El empresario que financió la fiesta de Noboa no es un desconocido en el mundo de los negocios turbios. León Van Parys ha sido señalado por fraude en importaciones de bananas y su empresa fue sancionada en 2011 por la Comisión Europea debido a pactos ilegales de precios. Además, en 2022, las autoridades aduaneras de Bélgica incautaron dos toneladas de cocaína ocultas en cargamentos de plátanos vinculados a su firma.

El escándalo no termina ahí. El Ministerio de Exteriores español presentó una queja informal ante la embajada ecuatoriana por el uso indebido de vehículos oficiales para fines personales. Aunque la cancillería ecuatoriana negó la existencia de tal reclamo, el medio español publicó que un asesor del ministro José Manuel Albares confirmó la queja, transmitida a través de la entonces introductora de embajadores, María Sebastián de Erice, quien advirtió: “Que no hagan abuso de los coches… no se pueden ir de copas en coches oficiales”.

Tras la revelación del financiamiento ilegal, Peña fue removida del cargo y trasladada a la dirección de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Exteriores ecuatoriano. Fuentes diplomáticas aseguran que se sintió presionada y utilizada por el círculo cercano al presidente.

La trazabilidad bancaria recientemente expuesta desmonta por completo el comunicado oficial del gobierno de Noboa, en el que se aseguraba que las acusaciones eran infundadas y no existían elementos para iniciar una investigación. Sin embargo, con las nuevas pruebas, el caso podría derivar en procesos judiciales por cohecho, delitos fiscales y corrupción en España, Ecuador y Bélgica.

Mientras el gobierno ecuatoriano intenta minimizar el escándalo, Verónica Abad, vicepresidenta electa del país, regresa a Ecuador en medio de una batalla política con Noboa. Suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Abad ha denunciado ser víctima de persecución política y teme por su seguridad.

«Regreso como la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos con la frente en alto y el corazón firme. No sé si esta será la última vez que escuchen mi voz, porque desconozco lo que pueda ocurrir al pisar mi propio país», advirtió en un video publicado en sus redes sociales.

Abad viajó recientemente a Suiza para denunciar ante Naciones Unidas la supuesta “violencia política” de la que se considera víctima por parte de Noboa. Anteriormente, se encontraba en Turquía, donde el presidente la envió a desempeñar funciones de asesora temporal en la embajada.

El enfrentamiento entre ambos se desató poco después de que Noboa asumiera la presidencia y decidiera enviarla a Israel en una misión especial de paz en medio del conflicto en Oriente Próximo. Posteriormente, debido al agravamiento de la situación, fue trasladada a Turquía, desde donde denunció haber sido sometida a “acoso político”.

La sentencia que la condenó por violencia política de género la apartó del escenario institucional, pero tras un largo proceso de apelaciones, en marzo el TCE ratificó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Aprovechando esta suspensión, Noboa designó por decreto a Cynthia Gellibert como “vicepresidenta encargada”, alegando una “ausencia temporal” de Abad en el cargo. Sin embargo, esta maniobra fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en plena campaña electoral.

El regreso de Abad y el escándalo del financiamiento ilícito ponen a Noboa en el centro de una crisis que amenaza con erosionar su credibilidad y complicar aún más la estabilidad política de Ecuador.