El presidente Noboa, quien asumió el cargo tras elecciones anticipadas convocadas luego de la disolución del Parlamento por su predecesor, Guillermo Lasso, ha mostrado una actitud desafiante al respecto. Noboa argumenta que, dado el carácter especial de su mandato, no debería someterse a esta disposición, un planteamiento que carece de sustento legal y que ha sido promovido por analistas cercanos al Gobierno para justificar su postura.

La Constitución es clara: un presidente que busca la reelección debe solicitar "licencia sin sueldo" para garantizar la igualdad ante la ley y evitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Sin embargo, Noboa parece dispuesto a desestimar esta obligación, lo que pone en peligro la transparencia y la equidad del proceso electoral.

La situación se complica por la tensa relación entre Noboa y su vicepresidenta, Verónica Abad, quien, según la ley, debería asumir la jefatura del Estado durante el periodo de licencia del mandatario. Noboa, temiendo que Abad pueda alterar los planes de su administración, la envió como consejera económica a la Embajada de Ecuador en Turquía, un movimiento que ha sido calificado como una maniobra política para apartarla del poder.

Por su parte, Abad rechazó el traslado a Ankara, anunció que tomará vacaciones y aseguró que está preparada para asumir la presidencia temporalmente si Noboa cumple con la obligación de pedir licencia. La negativa de Abad a abandonar el país y su disposición a asumir el cargo han intensificado la pugna política entre ambos líderes.

En medio de este conflicto, Nájera enfatizó que el Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse con independencia y urgencia para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre todos los candidatos. Sin una respuesta clara y firme del organismo electoral, el proceso democrático corre el riesgo de ser vulnerado, mientras Noboa continúa utilizando su posición para evitar cumplir con la ley y mantener el control político en su carrera por la reelección.

Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y su vicepresidenta, sumado a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades electorales, genera un escenario de incertidumbre y socava la confianza en las instituciones democráticas del país.