El anuncio de las últimas horas, en el que se remarcó que “la petición de juicio político está firme y será presentada a mediados de marzo”, constituye un importante avance en el caso ya que las fuerzas opositoras son mayoría en el Parlamento.

Entre los legisladores que suscribieron el comunicado se encuentran el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y una variedad de representantes de distintos grupos, como Unión por la Esperanza (Unes) -afín al ex presidente Rafael Correa- y el Partido Social Cristiano (PSC).

También firmaron el escrito representantes de un sector del movimiento indigenista Pachakutik, cercano al actual líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y otro sector disidente de la Izquierda Democrática (ID).

Todos ellos han manifestado su apoyo a la decisión del juicio político en contra del mandatario, que podría derivar en su salida del poder.

Este anuncio se dio luego de que, el último sábado, el pleno del Parlamento aprobara un informe elaborado por la comisión que investiga el presunto entramado de corrupción, en el que se recomendaba abrir este proceso judicial en contra de Lasso.

El documento señala al mandatario por haber cometido delito contra la seguridad del Estado y omisión de delito contra la administración pública ya que, si bien no se ha probado su implicancia directa en los hechos, sí se considera que estuvo al tanto de todos los temas y no tomó ninguna medida para detenerlos.

Hasta el momento, las investigaciones han expuesto los nombres del empresario Danilo Carrera -cuñado del Presidente- y el empresario Rubén Cherres -otra persona allegada al oficialismo que, en 2021, fue objeto de una investigación policial por sus presuntos nexos con una red de narcotráfico aunque fue archivada.

Este informe consiguió la luz verde con 104 votos a favor a pesar de que necesitaba sólo 70 para su aprobación.

Por su parte, el Gobierno rechazó este avance y calificó el informe de “mamotreto” que “carece de validez jurídica” y que resulta “un verdadero atentado a la razón y al sentido común”.

De todas formas, a pesar de los anuncios de la oposición, para que se inicie el proceso de juicio político se requiere que la solicitud obtenga unas 46 firmas y que, posteriormente, pase a revisión de la Corte Constitucional, que evaluará si el pedido está debidamente fundamentado.

El último tiempo, la presión del sector opositor sobre Lasso ha aumentado luego de que, el 5 de febrero, el oficialismo fracasara en las elecciones locales en las que el correísmo y Pachakutik salieron beneficiados por su victoria, y de que tampoco consiguiera el visto bueno de la sociedad sobre el referéndum en el que se planteaban reformas a la Constitución en lo que respecta a la seguridad, la democracia y el medio ambiente.

(Con información de EFE)