El dirigente criticó que las cárceles del país, entre ellas el centro de rehabilitación de Latacunga, “han dado resultados desastrosos a nivel de seguridad”.

Y se quejó de que hace ocho años se prometió que los alimentos que consumirían los internos de la cárcel serían comprados a los productores agrícolas de Cotopaxi; pero aquella oferta no se ha cumplido hasta la fecha, aseguró.

Mencionó que la inseguridad está afectando a las zonas urbanas y rurales de la provincia, al punto que jóvenes de las comunidades indígenas “están siendo capturados por las grandes mafias”.

En otro aspecto, indicó que durante la movilización del viernes se expresará el rechazo a la propuesta del gobierno de Daniel Noboa de incrementar la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) para financiar la guerra contra el terrorismo. Según Toapanta, esa medida afectará a los más pobres.

Dijo que el movimiento indígena está de acuerdo con que el Estado ponga recursos para financiar la lucha contra la delincuencia, pero se oponen a que se pretenda “meter la mano a los bolsillos de los ecuatorianos”.

Comentó que se deben tener controles más rigurosos sobre los extranjeros que ingresan al país. Además, recalcó que los miembros de la Policía Nacional y el Ejército no deben ser los únicos responsables de la seguridad.

”No podemos dejar solamente como responsabilidad al Ejército y la Policía. Todo compañero de la ciudad, del campo, de las parroquias y la provincia debe ser solidario y responsable sobre la seguridad”, expresó el líder del MICC, que es una organización filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Aclaró que con la marcha del viernes se demuestra que el movimiento indígena y Pachakutik no aparecen solo en época de elecciones. Dijo que su aspiración es que la prefectura, alcaldías, juntas parroquiales, gobiernos seccionales y el sector indígena se unan para hacerle frente a la inseguridad.

Toapanta resaltó que a nivel interno las estructuras indígenas han decidido reforzar las guardias comunitarias, vigilar cuánta gente sale o se queda en las comunidades y precautelar la correcta aplicación de los 21 derechos colectivos, entre ellos, la justicia indígena.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, se sumó al llamado a la marcha. Invitó a todas las alcaldías y juntas parroquiales y sociedad en general a participar y organizarse contra la inseguridad.

Destacó que los militares y policías están controlando las cárceles por dentro, pero falta reforzar la protección en las calles, indicó la prefecta.