Según el análisis del organismo, quedaron acreditados niveles extremos de hacinamiento, fallas severas en la atención médica, propagación masiva de enfermedades infectocontagiosas —con especial incidencia de tuberculosis—, desnutrición generalizada y un número elevado y sostenido de muertes dentro del penal.

Diseñado para unas 4.000 personas, el centro registraba en 2025 una población cercana a 7.500, lo que implica una ocupación aproximada del 187 por ciento.

Inspecciones judiciales y visitas en el lugar constataron celdas pensadas para cuatro personas que alojan entre diez y dieciséis, además de detenidos durmiendo en el suelo, sin colchones adecuados y con acceso muy limitado a luz natural, agua potable y servicios básicos.

El estado sanitario fue uno de los ejes centrales de la evaluación. El expediente indica que el CPL Guayas número 1 concentra un porcentaje desproporcionadamente alto de personas con enfermedades contagiosas.

Solo en el primer semestre de 2025 se registraron cientos de casos de tuberculosis en tratamiento, incluidos cuadros resistentes, sin pabellones de aislamiento suficientes ni protocolos eficaces de prevención y seguimiento.

La atención intramuros aparece desbordada: el policlínico funciona por encima de su capacidad, con camillas ocupadas de manera permanente y personas enfermas atendidas en el suelo o en áreas improvisadas.

La resolución también describe un patrón persistente de muertes asociadas a condiciones prevenibles.

De acuerdo con información oficial citada, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de quinientos fallecimientos en el centro, muchos vinculados a tuberculosis avanzada, desnutrición severa, infecciones respiratorias y fallas orgánicas múltiples.

El organismo observó que en varios casos las muertes fueron clasificadas como naturales, pese a un contexto de brote epidémico y carencias graves en tratamientos y alimentación adecuada.

Otro aspecto considerado fue el impacto de la militarización del penal. Desde enero de 2024, el centro permanece bajo control militar en el marco de estados de excepción sucesivos.

La Comisión recogió alegaciones de que esta situación desplazó la lógica de gestión penitenciaria y sanitaria, priorizando el control y la seguridad por sobre la atención de necesidades básicas, lo que habría generado obstáculos adicionales para el acceso a atención médica oportuna, derivaciones hospitalarias y mecanismos internos de denuncia.

Ante este escenario, la CIDH ordenó al Estado ecuatoriano adoptar medidas inmediatas y efectivas para evitar nuevas pérdidas de vidas y daños irreparables.

Dispuso garantizar atención médica integral y especializada, asegurar el suministro continuo de medicamentos y tratamientos, proporcionar alimentación suficiente y adecuada desde el punto de vista nutricional, reducir de manera sustancial el hacinamiento y restablecer condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.

También solicitó que las acciones se definan en concertación con los beneficiarios y sus representantes, mediante una mesa interinstitucional acorde con la urgencia del caso.

Finalmente, el organismo requirió al Estado informar sobre las investigaciones realizadas por las muertes ocurridas en el penal para establecer responsabilidades y prevenir su repetición, y pidió autorización para realizar una visita in situ que permita verificar la implementación de las medidas ordenadas.