El escándalo de Olón sacó a la luz otros conflictos de tierra de la familia Noboa
La reciente controversia en torno al proyecto inmobiliario Esterillo Oloncito, que involucra al círculo cercano del presidente Daniel Noboa, trajo a la memoria un conflicto pasado que tuvo como protagonistas a los Noboa en la década de los 80. Esta disputa, que perduró durante años, guarda ciertas similitudes con el caso de la Comuna Engabao, marcando un fenómeno recurrente entre otros actores de la costa ecuatoriana.
Para comprender mejor el contexto, es crucial entender la relevancia de las comunas ancestrales en Ecuador, reconocidas en la Constitución por una serie de derechos fundamentales. Contrario a la creencia común, estas comunidades no se limitan a la Amazonía o la Sierra, sino que también se encuentran en la costa ecuatoriana, donde existen más de 60 comunas.
#LaNoticiaAFondo | 📢 A finales de los años 80, se registró otro caso en la comuna de Engabao relacionado con una empresa perteneciente a Álvaro Noboa.
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) May 10, 2024
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La Comuna Engabao, en el cantón Playas, fue el epicentro del conflicto que involucró a los Noboa. En 1986, la presencia de la empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas Vimare S.A., fundada por Álvaro Noboa Pontón, desencadenó tensiones con los comuneros. La disputa se intensificó en 1992, cuando la empresa se apropió de tierras para proyectos turísticos, generando un levantamiento de los líderes de Engabao en defensa de su territorio.
Este conflicto se prolongó durante 23 años, marcado por arrestos y demandas contra líderes comuneros. No fue hasta 2016 que la Corte Provincial de Justicia de Guayas emitió una sentencia reconociendo los derechos ancestrales de la Comuna Engabao sobre un territorio de 7 427 hectáreas.
Este caso no es único. Otros conflictos similares han ocurrido en comunidades como Valdivia, en Santa Elena, donde los comuneros lucharon desde 1997 por la recuperación de tierras ante empresas como Marfragata S.A.
El estudio realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en 2021 revela que más de 25 000 hectáreas de tierras comunales en las provincias de Santa Elena y Guayas han sido objeto de invasiones, ventas ilegales y conflictos relacionados con la usurpación.
Estos largos litigios evidencian las artimañas judiciales utilizadas por las empresas para desalentar la defensa de los líderes comuneros sobre su territorio. La problemática persiste como un desafío para las comunidades ancestrales de la costa ecuatoriana, destacando la necesidad de proteger sus derechos y territorios frente a intereses comerciales y políticos.
