Para la Federación Médica Ecuatoriana, el sistema sanitario “está agonizando”. Su presidente, Santiago Carrasco, atribuyó el colapso a la falta de gestión y a la corrupción, denunciando que el Ministerio de Salud se convirtió en un espacio de cuotas políticas. En apenas dos años pasaron cinco ministros por la cartera, el último de ellos con apenas cuatro meses en funciones.

Tras la derrota oficialista en el referendo de noviembre, Noboa decidió entregar la conducción del Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto, una empresaria textil sin experiencia sanitaria, en una designación confusa y sin atribuciones claras. La comisión que encabezaba para evaluar la crisis nunca presentó resultados, mientras los hospitales siguen funcionando al borde del colapso.

El deterioro quedó brutalmente expuesto en Macas, donde una madre indígena recibió el cuerpo sin vida de su hija de un mes dentro de una caja de cartón sellada con cinta. La bebé había ingresado al hospital por fiebre y tos. Murió sin recibir atención adecuada y fue devuelta a su familia sin el más mínimo protocolo de dignidad. La respuesta oficial se limitó a anunciar auditorías internas y posibles sanciones, sin asumir responsabilidades políticas.

Los propios datos del Ministerio de Salud confirman la gravedad del escenario. El abastecimiento promedio de insumos a nivel nacional es del 61 por ciento, pero en hospitales clave como el del Guasmo cae al 41 por ciento, y en Monte Sinaí apenas alcanza el 18 por ciento. Aunque Noboa declaró la emergencia sanitaria para acelerar compras, la medida no logró revertir la escasez.

El problema se profundizó con los recortes presupuestarios. Desde 2023, el presupuesto de Salud sufrió una reducción progresiva. De los 4.300 millones de dólares previstos al inicio del mandato, se pasó a menos de 2.800 millones para 2025. Aun así, a fines de noviembre solo se había ejecutado el 45 por ciento de los fondos asignados, porque el dinero existe en el papel, pero no llega efectivamente a los hospitales.

Los pacientes renales se convirtieron en el símbolo más crudo de la crisis. Cerca de 20.000 personas dependen de diálisis que el sistema público no puede cubrir, mientras el Estado mantiene deudas millonarias con clínicas privadas. Muchos tratamientos se interrumpen por falta de pago o incluso por cortes de energía eléctrica. Según asociaciones de pacientes, solo en Guayaquil murieron al menos 300 personas en el último año por no recibir atención adecuada.

Mientras el gobierno de Noboa promete reformas y auditorías, la realidad muestra un sistema sanitario quebrado, sin recursos, sin conducción y sin respuestas. En Ecuador, la salud dejó de ser un derecho y se transformó en una cuestión de supervivencia, con un costo humano que ya resulta imposible de ocultar.