En grupos de la Sierra Norte circulan mensajes donde se denuncia la debilidad del liderazgo nacional. “La gente en Imbabura se siente abandonada, sin una dirigencia firme de la Conaie ni de la FICI. Aquí las decisiones las toman las bases”, expuso un texto difundido entre dirigentes.

Otra activista recalcó que, pese a los desencuentros de las organizaciones nacionales, la fuerza de las comunidades indígenas de Imbabura y del norte de Pichincha “sigue intacta”.

La versión oficial del fin del paro se difundió luego de que representantes de cinco pueblos de Imbabura anunciaran el levantamiento de la medida tras reunirse con Reimberg.

Sin embargo, esa decisión fue rechazada casi de inmediato por las comunidades, que se declararon en asamblea permanente. La noche del 15 de octubre, cientos de personas se concentraron en Otavalo y otras localidades exigiendo la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.

“Aquí hay muertos y heridos, no se puede decir que esto terminó. La lucha sigue”, afirmó un vocero en una asamblea transmitida en redes sociales.

El dirigente Pacha Terán advirtió que las comunidades permanecerán “en pie de lucha” y en asambleas permanentes. “¿Cómo nos dicen que volvamos a nuestros territorios? Este es nuestro territorio, nadie ha secuestrado Otavalo, nosotros somos de aquí”, declaró a la prensa.

En la misma reunión, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, buscó tender puentes entre las bases y el Ejecutivo, aunque reconoció el malestar generalizado. Convocó a una nueva cita con los presidentes de las comunidades para definir una postura común antes de reabrir el diálogo.

Mientras el Gobierno celebraba el fin de los bloqueos, en la práctica las comunidades del norte los mantenían. El ECU911 confirmó que al día siguiente continuaban los cortes en la Panamericana y que sectores como Peguche, Quinchuquí y Agato permanecían activos, aunque permitiendo el paso de ambulancias y vehículos de abastecimiento, no así de transporte pesado ni funcionarios estatales.

El paro, que ya cumple 24 días, comenzó como rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero se amplió hacia un cuestionamiento general a la política económica del Gobierno.

Las demandas incluyen la revisión del precio de los combustibles, la liberación de los detenidos durante las protestas y una investigación independiente por los hechos violentos del 14 de octubre, en los que, según denuncian, hubo jóvenes muertos y heridos.