Alcívar había sido detenido en 2024 en Cataluña, pero recuperó la libertad meses después, cuando los tribunales españoles determinaron que Ecuador no había demostrado adecuadamente cómo garantizaría su integridad dentro del sistema penitenciario. El caso puso el foco en las condiciones carcelarias del país sudamericano, fuertemente cuestionadas por organismos internacionales.

Conocido como “Willy” o “Negro Willy”, el acusado es señalado como una figura clave en la expansión del crimen organizado en Ecuador. Entre los hechos que se le atribuyen figura la irrupción armada en un canal de televisión durante una transmisión en vivo en 2024, episodio que conmocionó al país, aunque él lo ha negado públicamente.

En declaraciones recientes a un medio español, Alcívar incluso aseguró que el ataque habría sido organizado por el propio Gobierno ecuatoriano, además de afirmar que organizaciones criminales habrían apoyado la campaña del presidente Daniel Noboa. Estas acusaciones fueron rechazadas de plano por las autoridades.

Reimberg calificó los dichos como “ridiculez” y cuestionó que se le otorgue visibilidad a una persona prófuga de la justicia. “Es lamentable que un criminal de esta magnitud esté libre”, afirmó, al tiempo que aseguró que Ecuador garantizaría su reclusión en una prisión de máxima seguridad.

El funcionario también expresó preocupación por la decisión española, al considerar que permite que un presunto líder criminal permanezca en libertad fuera del país donde se le imputan graves delitos. Además, reiteró que Ecuador ha colaborado en extradiciones con otros países en situaciones similares.

El caso refleja las tensiones crecientes en la lucha contra el crimen organizado transnacional y pone sobre la mesa el desafío de coordinar acciones judiciales entre Estados con distintos estándares en materia de derechos humanos y sistemas penitenciarios.

Mientras tanto, la situación de Alcívar sigue sin resolverse, en un escenario donde la cooperación internacional será clave para definir su futuro judicial.